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CNAE, a favor de la modernización del permiso por puntos

lunes, 10 de marzo de 2014
  • La organización, que agrupa a 9 de cada 10 autoescuelas españolas, considera positiva una actualización del sistema de permiso de conducir por puntos que conserve las actuales garantías de calidad y control de éste.
  • “Fuimos los primeros en pedir a la DGT la modernización y ampliación de un sistema como el actual, que hemos gestionado con éxito durante 8 años”, declara el presidente de CNAE, José Miguel Báez.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que preside José Miguel Báez, ha valorado de manera positiva todas las iniciativas del Gobierno y de la DGT orientadas a liberalizar y modernizar el sistema de gestión de los cursos de reeducación vial y del permiso de conducir por puntos.

“Fuimos los primeros en pedir a la DGT la modernización y ampliación del actual sistema, que hemos gestionado con éxito durante 8 años y queremos contribuir activamente en mejorar el modelo actual”, explica el presidente de CNAE en relación al actual proceso de reforma de la Ley de Seguridad Vial 17/2005 en el Parlamento.

Según el presidente de CNAE “el sector de las autoescuelas somos los primeros interesados en que las personas que acudan a los cursos de sensibilización y reeducación vial reciban una enseñanza de calidad, sin sobrecoste y en un sitio cercano; además, han de poder examinarse en tiempo y forma”.
CNAE se adjudicó el concurso de gestión de los cursos de reeducación vial en 2005 en libre competencia con media docena de entidades. Desde entonces, ha cumplido con eficiencia y con un nivel de excelencia –según estudios independientes de universidades, asociaciones de víctimas, aseguradoras, organismos administrativos europeos y expertos del sector- la tarea de asegurar la reeducación vial en España, una función social que la propia DGT y el Ministerio de Interior han reconocido.

Según el presidente de CNAE, “el sistema se puede y se debe mejorar. Se necesitan más autoescuelas de las 200 a las que el servicio está limitado por ley, e incluso repartiendo más y mejor las zonas de la concesión. Pero es imprescindible –y todas las instancias así lo han certificado- que conservemos los factores que nos han llevado al éxito actual: garantía de un nivel de calidad controlable en todo momento; que los conductores no tengan que pagar más por unos hipotéticos exámenes de incierta eficacia; y, sobre todo, que la formación de calidad sea impartida exclusivamente por profesores de formación vial que previamente hayan sido cualificados para desarrollar esta importante tarea y estén acreditados por el propio sector, ayudados de sicólogos y víctimas “.

CNAE alerta sobre que el riesgo de que el nuevo modelo permita que “otros colectivos”, como en estos momentos incluye el borrador del proyecto de ley, impartan una labor de reeducación vial para la que no están capacitados. Según el presidente de CNAE “no entendemos en qué tipo de colectivos se está pensando. Parece de sentido común que deben ser las autoescuelas las que ejerzan esta valiosa labor y de estas solo aquellas que estén autorizadas u homologadas a partir de todos los requisitos que sean necesarios y estime conveniente la Administración, con el objetivo de desarrollar esta función docente de forma seria, disciplinada y eficaz”.
CNAE se muestra dispuesta a colaborar con el Gobierno y con todas las fuerzas políticas, como ha hecho hasta ahora, en el desarrollo legislativo y reglamentario que conlleva la modernización de la Ley de Seguridad Vial para asegurar la calidad de la formación y seguir contribuyendo a reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

En relación al posible examen que se contempla en el borrador del proyecto de ley, CNAE está a favor de cualquier medida que se implante para que los cursos y centros sean rigurosamente controlados y vigilados por la DGT para que siempre impere la calidad y buen fin social para el que fueron creados. En ese sentido la principal inquietud se centra en si la DGT va a tener los medios suficientes para garantizar ese control y que el examen no entrañe un sobrecoste para el ciudadano, que no tenga que esperar indefinidamente el aviso de las autoridades y que no tenga que desplazarse más de 20 km desde el lugar de residencia hasta el centro más cercano, tanto para hacer el curso como para examinarse.
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