Zoido respondía así a la pregunta de Pablo Bellido, portavoz del PSOE en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, sobre si el Gobierno tenía previsto cumplir los compromisos del acuerdo con los examinadores de tráfico. El ministro del Interior defendió el trabajo realizado por su departamento y por la propia DGT, y manifestó que, durante la huelga, «no se ha suspendido ningún examen teórico, y se han realizado más de 300.000 prácticos en toda España». Del mismo modo, señaló que del acuerdo firmado en 2015 entre los examinadores y la DGT se han cumplido casi todas las medidas, entre ellas «la nueva instrucción de productividad, que se incrementó de un 35 a un 40% mensual, la comunicación del resultado sin necesidad de decir apto o no apto y la carga de trabajo de los examinadores, que ha disminuido de una forma muy sustancial». Y añadió que «se han convocado 500 plazas de examinadores de Tráfico, casi todas de promoción interna».
Para Bellido, el Gobierno no acaba de resolver un problema «que está perjudicando a sus funcionarios y arruinando a más de 9.000 autoescuelas, la inmensa mayoría pymes, y a las 30.000 familias que viven en nuestro país de la Formación Vial. Está fastidiando a más de 120.000 aspirantes a sacar el carné de conducir que lo necesitan, entre otras cosas, para trabajar y está dejando de ingresar para el Estado mucho más dinero de lo que nos costaría resolver el problema. Resolver el problema cuesta algo más de dos millones seiscientos mil euros; el Estado ha dejado de ingresar en tasas quince millones y medio en lo que va de año».
El diputado del PSOE explicó que las autoescuelas han perdido 80 millones de euros; y su grupo parlamentatio va a pedir «compensaciones para ellas».
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