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Presuntos delitos en la gestión de los planes de formación

viernes, 2 de septiembre de 2016

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra contra la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y contra la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación.

También ha acordado procesar a dos dirigentes de la patronal castellonense, Rafael Montero y José Antonio Espejo y a tres empresarios. El instructor procesa también a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles (academias y centros de formación) que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.

En un auto notificado a las partes el 29 de julio, el juez concluye que los hechos investigados “revisten carácter de delito” y les procesa por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

Según el juez “existen indicios” de que Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, “aprovechándose de sus cargos orgánicos”  “se concertaron” con cuatro empresarios -uno de ellos no ha sido localizado- “para beneficiarse económicamente del expediente (…) que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial”.

Los responsables de las organizaciones empresariales simularon la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos.

El juez concluye que las facturas emitidas “no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora, la CEC” y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación quienes, recibida la transferencia, “retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido”.

De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos. 

El auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción que se inició en Julio de 2015 con una denuncia de Anticorrupción y deja la causa preparada para la celebración del juicio. El fiscal deberá ahora decir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa a los acusados y la pena o penas que solicita para ellos.

Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los procesados para que, a su vez, formulen el escrito de defensa.
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