Las autoridades se han limitado, en el mejor de los casos, a aplicar medidas paliativas, en lugar de abordar el origen del problema. Por un lado, debido a la escasez de personal administrativo y examinador, las jefaturas de Tráfico sufren una penuria operativa generalizada. Por si fuera poco, la gestión del sistema de exámenes adolece de una falta de eficiencia y agilidad para resolver circunstancias puntuales, como por ejemplo las bajas o los periodos vacacionales del personal, que generan cuellos de botella y se traducen en largas colas de espera para los exámenes prácticos. Esta situación no sólo perjudica a los aspirantes a conductores, sino también al personal de las jefaturas, a las autoescuelas y a otros sectores, que acusan el impacto negativo en su competitividad y empleabilidad. Estas dificultades se intensifican durante la Navidad y el verano, ya que son las épocas de mayor demanda de exámenes por parte de los alumnos. Se da la paradoja de que, en vez de aumentar la disponibilidad de examinadores en tales fechas, su número disminuye debido a las vacaciones de los funcionarios, lo que produce una reducción significativa de la capacidad de examen de las jefaturas y provoca listas de espera inadmisibles. La frustración de los alumnos es fácil de imaginar, como también el peligro que corre la viabilidad económica de numerosas autoescuelas, a las que se impide aprovechar las temporadas altas, que son esenciales para salvar el ejercicio en un sector altamente competitivo. La insostenible situación actual no sólo atenta contra su supervivencia como negocios, sino también contra una formación vial de calidad, esencial a la hora de prevenir los siniestros viales. Además, en la denominada España vaciada, el problema se agrava de manera exponencial. El ámbito rural prácticamente no dispone de alternativas de movilidad públicas a los desplazamientos particulares. En un contexto tan adverso, los jóvenes que, además, se ven obligados a abandonar su entorno para estudiar fuera, sólo disponen de los períodos vacacionales para examinarse del permiso de conducir en su provincia. Los colapsos en las jefaturas no sólo perjudican a los aspirantes al permiso de conducir; también amenazan la sostenibilidad del modelo de negocio de las autoescuelas en esos territorios y la movilidad, un derecho fundamental para la ciudadanía. Es inaceptable que, a pesar de las constantes advertencias de CNAE, la Administración no preste la suficiente atención al problema, dada su gravedad. Esta falta de soluciones directas no solo ignora las necesidades del sector, sino que así mismo pone en riesgo la formación de los futuros conductores. La escasez de personal, especialmente en las épocas con mayor demanda del permiso, es un asunto que requiere una intervención urgente y decisiva. No debemos tolerar por más tiempo que el servicio de exámenes de conducción continúe deteriorándose, en detrimento de la calidad de la enseñanza y la seguridad vial en nuestro país. CNAE emplaza al Gobierno a tomar medidas inmediatas. Es imperativo buscar soluciones innovadoras y efectivas que aborden el problema desde la raíz. Las respuestas provisionales y superficiales que se han venido aplicando hasta la fecha no son suficientes ni de lejos; necesitamos acciones concretas y un compromiso real para mejorar el sistema de exámenes de conducción. Las autoescuelas hemos apostado siempre por la formación de calidad y la seguridad vial. Es hora de que el Gobierno cumpla con su parte y actúe en consonancia. El futuro de la movilidad y el transporte de toda España dependen de ello.
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