La UTE de CNAE recurrirá el fallo de la Audiencia Nacional contrario al actual sistema de concesión en el permiso por puntos

«Se pretende modificar un modelo exitoso, admirado en otros países, que ha sido clave en la reducción del número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico», afirma el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. 

El pasado 24 de enero la Audiencia Nacional publicó el fallo en contra de la concesión administrativa para el programa reeducador del permiso por puntos. Una resolución judicial de la que la UTE de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) discrepa y contra la que piensa recurrir, al entender que no existe ningún motivo de peso para modificar radicalmente lo que ha dado tan buen resultado hasta la fecha.
 
«Ha habido un espectacular descenso del número de víctimas mortales en nuestras carreteras, desde que comenzó a funcionar el permiso por puntos (Pxp). En 2005 (el año anterior a la entrada en vigor de esta normativa, fallecieron en España a causa de un siniestro vial 4.442 personas. En 2017, las víctimas mortales fueron 1.830 (casi un 60% menos)», explica el presidente de CNAE, José Miguel Báez, según el cual, «no sería sensato cambiar algo que ha demostrado ser eficaz».
 
Para el máximo responsable de la Confederación, «el éxito del modelo actual del programa reeducador del Pxp se debe al rigor, a la seriedad y al control ejercido sobre los centros de recuperación de los puntos y del permiso. El sistema, que cuenta con el respaldo masivo de los infractores que pasan por los cursos, es susceptible de mejoras, como todo en la vida, pero no necesita una revolución. La seguridad vial es un bien de primera necesidad. No juguemos con ella».

Todos menos uno

Báez rechaza las acusaciones de monopolio sobre los cursos de sensibilización y reeducación vial, vertidas en varios medios de comunicación. «Desde que entró en vigor el Pxp, las autoridades competentes (la DGT, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco –TRAFIKOA– y el Servei Català de Trànsit) han convocado diversos concursos públicos para gestionar el programa reeducador. CNAE se ha presentado a todos ellos, bien en solitario, bien en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras entidades. La Confederación o sus UTEs los ganaron todos, salvo el primer concurso en Cataluña, en el que se impuso el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC)».
 
«En la actualidad, las UTEs en las que participa CNAE gestionan el mencionado programa en toda España por méritos propios», recalca el presidente de la Confederación, y añade: «En el territorio de la DGT, lo hacen después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) hubiese admitido sus recursos, pues en principio sólo le habían sido adjudicados 3 de los 5 lotes de que se componía la licitación».

La elección de los centros

En cuanto a la elección de los centros, José Miguel Báez ha explicado que «en Cataluña y el País Vasco han sido las autoridades las que han efectuado la selección, mediante el pertinente concurso público. Es una opción que ha funcionado bien y que nos hubiera gustado para todo el territorio nacional, ya que nos habríamos ahorrado polémicas interesadas y algún quebradero de cabeza.
 
»En el territorio DGT, operan hoy 360 centros, gracias a la UTE de CNAE, ya que se pedía un mínimo de 270 centros y se fijó un máximo puntuable de 295. Pues bien, nuestra UTE ofreció 65 centros más, como mejora voluntaria, con respecto a lo exigido por los pliegos».

»De hecho, alguno de los denunciantes del actual sistema y alguna de las organizaciones que han pedido la ejecución inmediata del fallo de la Audiencia, se presentaron al concurso de la DGT; ofrecieron 65 centros menos y perdieron la licitación. Es curioso que ahora reclamen un cambio de sistema, cuando antes les parecía estupendo», ironiza el presidente de CNAE.

 
«Además, se ha dicho que en el concurso de la DGT se permitían en comparación menos centros que en Cataluña o el País Vasco. Nada más lejos de la realidad. Si en Cataluña hay un centro por cada 200.000 habitantes y en el País Vasco, uno por cada 123.000 habitantes, en el territorio DGT la proporción es de 1 por cada 100.000 habitantes».

España, en el mapa

Por último, José Miguel Báez hace una defensa del modelo actual: «La concesión administrativa está ampliamente implantada en nuestro país para asegurar servicios de interés general (como la limpieza urbana o el transporte de pasajeros, etc.), a través de concursos públicos, que ofrecen todas las garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. En este caso, el verdadero interés general es que muera cada vez menos gente por culpa de un accidente de tráfico. El modelo hasta ahora ha funcionado y ha puesto a España en el mapa, desde el punto de vista de la seguridad vial».