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La Asociación de Sevilla recurre el CAPA

lunes, 18 de marzo de 2019

En un escrito enviado el 13 de marzo a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, del Ministerio de Economía, y al delegado del Gobierno, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla solicita la inmediata retirada del sistema CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud), entre otras cosas, por injusto y arbitrario.

La asociación, que preside Eva Martínez, considera que este sistema, que establece cupos de presentación de alumnos a la prueba de circulación, «vulnera los principios más elementales de seguridad jurídica en materia de libertad de empresa y de mercado... interviene de facto las empresas privadas [denominadas] autoescuelas», pues limita tanto su capacidad productiva como su actividad profesional, lo cual «es impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro». 

Sin parangón en Europa

Siempre según la Asociación, el sistema supone una clara restricción del ejercicio de la actividad tanto de los profesores como de las propias autoescuelas, que ven limitada su fuente de ingresos, lo que no tiene parangón en ningún Estado de la UE [Unión Europea].
Además, no hay legislación que ampare la medida unilateral de la DGT.

Por ejemplo, no existen motivos de orden público, seguridad pública o salud pública, que la justifiquen. Tráfico y su Jefatura Provincial están vulnerando la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, en lo referido al principio de no discriminación. 

Restricción ilegal

La Asociación se pregunta si se puede obligar a un fabricante de vehículos a que no produzca más de 10 automóviles al día y augura el cierre de numerosas empresas y el despido masivo de profesores, si el CAPA no se anula. 

El escrito recuerda que la restricción de la capacidad productiva de las empresas mediante la fijación de un cupo de alumnos para presentarse a la prueba de circulación del permiso de conducir está prohibida por sendas sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. 

Para la Asociación, el CAPA sólo obedece a la incapacidad de la DGT para atender la actual demanda de exámenes de conducir y va en perjuicio de los aspirantes a conductores y del sector de la Formación Vial. 

(Foto de archivo: Eva Martínez.)



 
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