Los aspirantes a conductores pagarán más por un servicio peor

La Confederación Nacional de Autoescuelas difundió hoy a través de "El País" y "El Mundo" un comunicado que reproducimos íntegramente.

A raíz de la actual huelga de examinadores de Tráfico y de la precariedad del servicio de exámenes de la DGT, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) considera obligado hacer las siguientes puntualizaciones:

1) El permiso de conducir es una herramienta imprescindible para muchos trabajos e inclusive para opositar. Obstaculizar el acceso al carné, impidiendo que los aspirantes a conductores se examinen a tiempo, no es coherente con una política de estímulo del empleo.

2) En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 está previsto un incremento de las tasas que cobra Tráfico. La tasa de examen subirá hasta los 91,20 €. Es increíble que Hacienda haya aprobado este aumento cuando el servicio que ofrece la DGT al ciudadano es cada vez peor, a causa de la escasez de examinadores.
 

Se está jugando con los alumnos y con las autoescuelas.

3) No obstante, el principal factor que encarece el permiso de conducir es sin duda el aplazamiento de las pruebas. Los alumnos que no saben cuándo van a poder someterse a la prueba de circulación dejan de acudir a clase (ya que no disponen de una cantidad ilimitada de dinero). Esta interrupción, combinada con la incertidumbre sobre fecha del examen, repercute muy negativamente en su preparación, por lo cual aumentan las probabilidades de que suspendan.
 
4) Y es complemente injusto que se culpe a las autoescuelas del incremento en el número de suspensos, cuando la verdad es que dicho incremento se deriva de la imposibilidad de que sus alumnos se examinen en un plazo de tiempo razonable.
 
5) La huelga de los examinadores se podía haber evitado fácilmente; se han dejado pasar dos largos años sin hacer nada. Ha faltado previsión y voluntad por parte de las autoridades.
 
6) Los motivos del paro actual hay que buscarlos en 2015, cuando la anterior directora general de Tráfico, María Seguí, a fin de que cesase la huelga de los funcionarios, se comprometió a resolver las reivindicaciones de éstos sobre el complemento y la creación de una escala específica. Han pasado dos años desde entonces y seguimos en el mismo punto, pero con menos examinadores.
 
7) Ha habido dejadez y no se han hecho a tiempo los deberes. Quizá por falta de voluntad política o administrativa o por una mezcla de ambas, la DGT no ha sabido transmitir a Función Pública los acuerdos con los examinadores ni las necesidades del servicio.
 
8) Nos preocupa la huelga, pero más aún el día después. El conflicto seguirá sin resolverse, si no cambian las actuales posturas, y nos encontraremos con una cantidad de entre 70.000 y 100.000 personas que no habrán podido examinarse y obtener su permiso de conducir.

9) Antes el problema estaba localizado en diez o doce provincias (aunque cada vez hay más jefaturas de Tráfico en dificultades), pero la huelga lo ha extendido de forma generalizada a todo el territorio nacional. Esta bolsa de alumnos sin examinar agrava la situación.

10) El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ya reconoció en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial, hace tres meses, que faltaban 176 examinadores, según los datos que le facilitó la propia DGT. Como solución, Tráfico ha sacado 20 plazas, pero este mismo año se jubilan otros 70 funcionarios. Faltan como poco 230 examinadores.
 

Vamos a estar peor que al principio y sin soluciones, que sepamos, a corto plazo.

11) Las vagas promesas del Gobierno de que incluirá en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene el complemento específico y la escala técnica para los examinadores (que posibilitaría la convocatoria de una oposición abierta), significan que el problema no se resolvería como pronto hasta 2019, dados los plazos administrativos.

12) Si tales partidas se hubieran incluido en los presupuestos de este año, el proceso ya estaría en marcha y tendríamos la certeza de que antes o después contaríamos con examinadores suficientes.

13) Nos preguntamos si la intención oculta es destruir el sistema vigente por la vía de los hechos consumados. Pero si la Administración quiere otro modelo, debería optar por él ya. Porque lo que ocurre ahora es que el edificio se está derrumbando a pedazos sobre las autoescuelas, sus alumnos, sus profesores y sus empleados. Y esto es inaceptable.
 

La sociedad lo vería con buenos ojos

14) La solución de incorporar a los militares a los exámenes de conducir, planteada recientemente por la DGT, puede ser tan válida y eficaz como cuando se tiró del cuerpo de Correos. También lo es la opción de crear empleo público. Ambas serían bien vistas por los ciudadanos.
 
15) Como también lo sería que la Administración se fijase en las soluciones que han dado al problema de la escasez de examinadores en países de nuestro entorno (Alemania y Portugal, sin ir más lejos), donde los Gobiernos o bien han delegado en empresas privadas la prestación del servicio, o bien han optado por un sistema mixto en el que colaboran organismos públicos y entidades privadas.
 
16) Nuestro país tiene en la Inspección Técnica de Vehículos (la popular ITV) un ejemplo de este tipo de colaboración. Aquí son empresas privadas las que hacen las inspecciones, bajo la supervisión y el control de las respectivas Comunidades Autónomas. Y nadie se rasga las vestiduras.