Huelga de examinadores: CNAE pide que se indemnice al sector

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) rebate en un comunicado algunas afirmaciones del director general de Tráfico, vertidas en sede parlamentaria el 18 de julio, y pide una compensación para las autoescuelas por los graves perjuicios que les está causando la huelga de examinadores de Tráfico.

Con relación a la comparecencia del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, la cual tuvo lugar el 18 de julio, La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), expone:
 
1º.- Antes de la mencionada comparecencia, se reunieron en una sala del Congreso de los Diputados todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Seguridad Vial (excepto el del Grupo Popular), con representantes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) y de las autoescuelas. La finalidad era llegar a un principio de acuerdo que condujera a la desconvocatoria de la huelga actual de examinadores.
 
CNAE lamenta profundamente la no asistencia a la reunión de representantes del Grupo Popular, ya que tal ausencia menoscaba un principio fundamental de la democracia como es el del diálogo; sin éste no hay negociación y sin negociación difícilmente podrá resolverse el conflicto laboral entre los funcionarios examinadores y la Administración. La actitud de cerrarse en banda y negarse a dialogar evidencia poca voluntad política para resolver el conflicto.
 
2º.- El director general de Tráfico hizo recientemente unas declaraciones en las que dijo que, para la resolución de la huelga de examinadores, se comprometía a hacer tres cosas: “dialogar, dialogar y dialogar”. Pues bien, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del martes pasado, al menos tres de los portavoces de diferentes Grupos Parlamentarios le invitaron a pasar a la sala donde estaban el comité de huelga de ASEXTRA y representantes de CNAE, a fin de dialogar y lograr un acercamiento, invitación que Gregorio Serrano declinó.
 
3º.- En la presente situación, las autoescuelas no somos parte directa del conflicto, pero sí, junto con miles de ciudadanos, las grandes perjudicadas. CNAE no estuvo en las negociaciones de 2015 entre funcionarios examinadores y la DGT, que han desembocado en la actual huelga, y a estas alturas del conflicto no importa ya si la DGT se comprometió a la subida del complemento específico de los examinadores o sólo a elevar la propuesta a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) y a realizar los esfuerzos necesarios para su aprobación.
 
Lo cierto es que los paros son insostenibles y caóticos para el sector que representamos, compuesto por microempresas y del que dependen directamente 30.000 familias, por lo que instamos a las partes a que lleguen a un acuerdo de manera inmediata. Si el conflicto se extiende a septiembre, muchas autoescuelas cerrarán.
 
4º.- CNAE solicita para los centros de Formación Vial una compensación económica que sirva para paliar en parte las grandísimas y gravísimas pérdidas que les está generando el actual conflicto laboral entre los funcionarios examinadores y la Administración. Tal compensación podría ser en forma de subvención a fondo perdido (al igual que se les ha concedido recientemente a las compañías eléctricas) o en forma de reducción del IVA, de modo que pase del 21% actual al 4%, que es el genérico para la formación en España.
 
5º.- En cuanto a la comparecencia del director general de Tráfico ante la Comisión de Seguridad Vial, CNAE quiere hacer las siguientes aclaraciones:
 
a) En lo relativo a los datos que facilitó con respecto a las pruebas de circulación realizadas durante los 23 días laborables del mes de mayo del presente año (80.000) y que, según sus declaraciones son las mismas que se realizaron en junio, mes en el que de los 22 días laborables en 7 de ellos (el 32%) hubo huelga de examinadores, nos preguntamos cómo es posible que, con un 35% menos de días para realizar exámenes de circulación, se hagan las mismas pruebas que en mayo. ¿Acaso en dicho mes no se utilizó toda la capacidad de servicio de los exámenes de circulación de la DGT de manera efectiva?
 
b) En cuanto al número de pruebas que se han suspendido hasta el momento y que según sus manifestaciones es de 65.000, muy por debajo de la cantidad que baraja CNAE (150.000), quisiéramos recordarle que omite usted los miles y miles de ciudadanos que no han tenido la posibilidad de presentarse a las pruebas, bien por la pérdida de capacidad de exámenes de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, bien porque algunas de estas no admiten nuevas solicitudes de examen desde finales del mes de junio .
 
c) No pueden ser más desafortunadas sus manifestaciones que culpabilizan a las autoescuelas de la demora excesiva entre convocatorias de examen, un mal que desde hace años vienen sufriendo algunas provincias de nuestro país (quizá no tantas en número, pero que aportan el 48% de los permisos totales expedidos en España).
 
Dice usted que en España sólo aprueba en primera convocatoria el 23% de los alumnos. Quisiéramos recordarle que en numerosas ocasiones tanto nuestro sector como otros agentes implicados en la Seguridad Vial de nuestro país (Asociaciones de Víctimas, Universidades, Ponle Freno, etc.) le han indicado a la DGT la necesidad imperiosa de aplicar en España los ciclos formativos teóricos y prácticos, reglados y obligatorios y con control biométrico de la asistencia, como sucede en casi una veintena de países de la Unión Europea.

La enseñanza obligatoria, entre otras muchas ventajas, mejoraría de forma sustancial la formación de los nuevos conductores, reduciría la siniestralidad y la mortalidad de este colectivo y la cantidad de situaciones de riesgo que se producen durante las pruebas de circulación y, de forma directa, el número de accidentes y de bajas del personal examinador.
 
También aumentaría significativamente el número de aspirantes declarados aptos en primera convocatoria, con lo que disminuiría el número total de pruebas necesarias para obtener un permiso de conducir. De ese modo, se optimizarían los recursos humanos de la plantilla de examinadores de la DGT, y los funcionarios podrían incluso en determinadas épocas del año realizar otras tareas dentro del Organismo.