CNAE, contra el sistema CAPA

martes, 12 de marzo de 2019

A criterio de la Confederación, se pretende imponer sin más, de un modo arbitrario, un método que no soluciona, sino que agrava la escasez de pruebas de circulación o la crea donde antes no había.  

 
¿En qué consiste el CAPA?
 
CAPA es el acrónimo de «Capacidad de las Pruebas de Aptitud». Funciona del siguiente modo: se asigna a cada autoescuela un cupo de aspirantes que pueden ir al examen de circulación. Y se hace en función de la cantidad de alumnos que tengan aprobado el examen teórico o la prueba de destreza (en base a lo sucedido en los tres últimos meses). La jefatura comunica por correo electrónico a la autoescuela cuántos alumnos puede llevar al examen. La autoescuela debe confirmar la cita en las 24 horas siguientes a la referida comunicación.
 
Hay dos factores de corrección de la ratio: penaliza el no informar a la jefatura de la ausencia de última hora de algún aspirante. En cambio, puntúa a favor un buen porcentaje de aptos en primera convocatoria de la prueba de circulación.
 
El sistema adelanta o retrasa la fecha del examen pues tiende a utilizar en cada momento todos los examinadores disponibles. De modo que, cuando hay más oferta que demanda, el sistema absorbe alumnos del día siguiente, y al revés.
 
Una prueba de circulación de vehículo pesado equivale 2 de circulación en turismo, y una de circulación de motocicleta, a 1,30 de turismo.
 
El rechazo frontal de CNAE
 

La Confederación Nacional de Autoescuelas se opone frontalmente a que la DGT imponga al sector de la Formación Vial este sistema y así se lo ha hecho saber a la propia Dirección General de Tráfico. He aquí un resumen sucinto de los motivos de tal rechazo.
 
El CAPA ha sido probado en Vizcaya durante tres meses, sin que se hubiera comunicado oficialmente a la patronal del sector, y ahora se pretende su extensión al resto de las jefaturas sin una evaluación seria de la prueba piloto.
 
La fijación del cupo, en base a la cantidad de aprobados en la teórica y la destreza durante los tres últimos meses, condena a las autoescuelas a ratios minusvaloradas, pues utiliza para el cálculo una época del año en que los centros de formación vial tienen una actividad menor. Esto, de cara a los meses de junio y julio puede ser muy nocivo para las autoescuelas y los aspirantes al permiso, ya que se trata de fechas con una gran demanda de exámenes.
 
Además, el sistema fomenta estrategias de acumulación de aspirantes con la teórica o la de destreza aprobadas. Peor aún: las autoescuelas con poca bolsa de aprobados en el teórico no cuentan con una ratio suficiente para examinar a sus alumnos pendientes de pasar la prueba de circulación. De modo que a algunas pueden sobrarles pruebas y a otras faltarles.
 
Por otro lado, no se sabe en muchas ocasiones la fecha del examen. El hecho de que el alumno citado un día pueda ser llamado para hacer la prueba el día anterior es como si uno reservase un vuelo con una compañía aérea y ésta lo obligara a adelantar el viaje porque hay una plaza libre.
 
Los factores de corrección son del todo inadmisibles. En particular, no se tiene en cuenta el diferente porcentaje de aprobados obtenido con unos examinadores o con otros. Algunas autoescuelas soportarán un hándicap injusto. Además, los centros que trabajen los permisos profesionales pueden verse lastrados por un índice inferior de aprobados en el permiso B. Sería necesario diferenciar los resultados por el tipo de permiso. 
 
Pasarles el problema a las autoescuelas y a los ciudadanos

Por todo ello, CNAE considera que el único propósito de la medida es «pasarles el problema de la falta de funcionarios examinadores … a las autoescuelas y los ciudadanos», creando de facto un cupo ilegal (según dos sentencias emitidas en 2002 por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo).
 

«La verdad, sostiene la Confederación, es que no necesitaríamos ningún tipo de sistema, si hubiera suficientes examinadores bien distribuidos por todo el territorio y la DGT ofreciese un servicio razonable en todas las provincias».
 

CNAE emplaza a la Subdirección General de Formación y Educación Vial a crear un grupo de trabajo, conjuntamente con la Confederación, para «sacar conclusiones que nos lleven a no crear nuevos problemas e intentar solucionar los que haya».
 
 
 
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