El Servicio de Exámenes de la DGT: soluciones a un problema crónico

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha elaborado un breve documento que analiza la situación de los exámenes de conducir en España y sugiere algunas soluciones. Dice así:

 

1. Origen de la presente crisis.

 
Desde finales de 2013 las autoescuelas y los ciudadanos que aspiran a obtener el permiso de conducir en España han ido tropezando con dificultades crecientes a la hora de utilizar el servicio de exámenes de la DGT. Estas dificultades consisten en la ampliación exorbitada del tiempo entre exámenes prácticos, en el aplazamiento inesperado de los mismos, etc.
 
¿El motivo? La pérdida de personal en dicho servicio. De hecho, la plantilla de funcionarios examinadores de Tráfico, que en 2008 rozaba los 1.000 trabajadores, ahora apenas cuenta con 770 (según cálculos oficiales).
 
Esta disminución obedece a que, año tras año, las bajas por enfermedad grave y, principalmente, por jubilación, han superado con mucho a las altas, lo cual es fruto de las políticas de contención del gasto público.
 
Además, la capacidad de examen de la DGT ha disminuido desde el 19 de enero de 2013, fecha en la que entró en vigor el denominado “Examen de calidad”. Antes, cada examinador daba cuenta al día de 16 pruebas de circulación del permiso B; a partir de entonces, este número bajó a 13.
 
La crisis económica, que hizo que disminuyera a menos de la mitad la cantidad de aspirantes a conductores, enmascaró durante algún tiempo esta situación. La incipiente recuperación, la ha desvelado en toda su crudeza.
 
De modo que, lo que comenzó como un fenómeno que afectaba a unas cuantas provincias en las épocas del año con más demanda de permisos, se ha convertido ahora en un problema casi general, que padecen el 70% de los ciudadanos que aspiran a obtener un permiso.
 
Para colmo, la demora en los exámenes prácticos y la incertidumbre sobre la fecha de celebración de las pruebas, provocadas por la escasez de examinadores, se traducen en una mayor cantidad de suspensos, pues los alumnos de las autoescuelas dejar de ir a clase y se preparan peor. Y se produce un círculo vicioso: a más suspensos, más demanda de exámenes.
 
La Confederación Nacional de Autoescuelas advirtió a las autoridades desde el primer momento (finales de 2013 y principios de 2014) de lo que cabía esperar, si no se ponía remedio a la progresiva pérdida de funcionarios en el servicio de exámenes de la DGT, pero la Administración hizo caso omiso.
 

2. El sistema actual y sus límites.

 
No cabe duda: si la DGT quiere normalizar el examen de conducir sin salirse del modelo actual, ha de formar más examinadores de los que se jubilan y estos examinadores han de ser funcionarios. O invierte de modo significativo la tendencia de los últimos años, o el servicio empeorará hasta un punto de no retorno.
 
Ahora bien, no es fácil que lo consiga. (Y ni siquiera hay constancia de que se lo haya propuesto, ya que dejó pasar la oportunidad de reforzar el servicio de exámenes de la DGT en los presupuestos de este año.)
 
La política de reducción del déficit continúa. Así mismo, algunas de las canteras de donde extraía examinadores la DGT (Correos, o las oficinas de la propia Dirección General de Tráfico y sus jefaturas) están agotadas. En el segundo de los casos, se trataría de desnudar a un santo para vestir a otro, pues no sobra precisamente personal de oficina en el Organismo.
 
Han emergido como alternativa a las mencionadas canteras los militares, opción que no permite el ahorro público, aunque asigne de modo distinto los fondos. Los militares iban a ser despedidos, al haber llegado a la edad reglamentaria. De modo que lo que ahorre Defensa lo gastará Interior.
 
Está por ver el efecto de la creación reciente por parte del Gobierno de la especialidad de Tráfico, que en teoría permitirá la promoción profesional del 60% de la plantilla de examinadores. Porque, hasta ahora, el puesto carece de atractivo para los funcionarios. Por último, la Oferta de Empleo Público (OEP) para cubrir 70 plazas está aún por convocar.
 
Sea como fuere, todas estas iniciativas pecan de lentas. El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció no hace mucho en el Congreso que a finales de 2018 la plantilla de examinadores de la DGT dispondría de 100 examinadores más. Dando por buenas tan optimistas previsiones, quedaría por delante un larguísimo año y medio, durante el cual muchas autoescuelas podrían verse abocadas al cierre.
 

3. Las alternativas.

 
Entre las propuestas que se han hecho a la Administración está la de que transfiera las competencias en materia de exámenes de conducir a las Comunidades Autónomas. Existe el precedente del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), imprescindible para ser transportista de pasajeros o mercancías.
 
Otra posibilidad es la concertación del servicio, como ya existe en la Sanidad o en la Educación. La Administración fija las normas y establece los criterios de su aplicación, así como los requisitos para poder colaborar con ella, y las empresas que los cumplan pasan a dar el servicio.
 
Otro modelo atendible es el de la concesión, como sucede, por ejemplo, con las empresas que llevan a cabo la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
 
Entre los países de la Unión Europea existen modelos del examen de conducir estrictamente públicos, enteramente privados y mixtos. En Alemania es una empresa privada la que examina bajo la supervisión de las autoridades. En Portugal conviven un sistema privado y otro público, etc.
 

4. Conclusión.

 
Lo que parece fuera de toda duda es que, en la actualidad, el servicio de exámenes de la DGT representa un problema mayúsculo para una mayoría de los ciudadanos de nuestro país que desean obtener el permiso de conducción y para el sector de la Formación Vial, que ha sufrido el terrible embate de la crisis económica y que ahora no puede recuperarse por culpa del cuello de botella que suponen unas pruebas de circulación sometidas a las continuas demoras y a la incertidumbre.
 
Es hora de que la Administración tome cartas en el asunto y ofrezca soluciones rápidas y eficaces a los ciudadanos que aspiran a sacarse el carné y a las 30.000 familias que viven directamente de la Formación Vial en España.