miércoles, 3 de febrero de 2016Noticias

Adelante el procedimiento judicial por la venta de respuestas de exámenes de conducir en Tortosa

Adelante el procedimiento judicial por la venta de respuestas de exámenes de conducir en Tortosa

El 11 de enero, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Tortosa (Tarragona) dispuso que se continuase con la tramitación de las diligencias contra 16 personas presuntamente implicadas en la supuesta trama de venta de preguntas y respuestas de los exámenes de conducir a ciudadanos extranjeros. 


Los hechos se remontan a una década atrás. Al parecer numerosos ciudadanos extranjeros (muchos de ellos de nacionalidad china), sin apenas conocimiento del idioma castellano, aprobaban a la primera el teórico del examen de conducir. El Auto indica que "estos buenos resultados eran debidos a que por el grupo [de autoescuelas] "Roquetes-Temple", se compraba "información a la empresa AEOL Services, S.A".

En otro lugar del Auto se lee literalmente: "AEOL, con Julio Aparicio al frente y con la participación activa de Juan Bautista Cebolla Melero, diseñó una trama ilegal consistente en ofrecer exámenes de la DGT a autoescuelas como 'Roquetes-Temple' que, a cambio de retribución económica de 3.000 euros por hoja, adquirían estos exámenes para su posterior explotación mediante cursos intensivos." 

"Pieza clave para ello era la connivencia de los funcionarios de la DGT encargados de la custodia, selección, traslado y supervisión de los exámenes teóricos para la obtención del permiso de la Jefatura Provincial de Tráfico, quienes, incumpliendo la normativa, seleccionaban exámenes que, a su vez, AEOL suministraba a las autoescuelas, entre ellas 'Roquetes-Temple'."

Los imputados, entre los que se encuentran propietarios de autoescuelas, funcionarios de la DGT, el socio fundador y el director general de AEOL Services, S.A., pudieran haber incurrido, según el citado Auto, en “un presunto delito continuado de cohecho (…), un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos (…), un delito continuado de falsedad documental (…), un delito de participación en grupo criminal (…), un delito continuado de blanqueo de capitales (…) y delitos contra la Hacienda Pública (…)”.

 
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