El plazo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, incluido. Tras esta fase de consulta pública, el ejecutivo prevé remitir el texto final a la Comisión Europea antes de que finalice el año 2026, con el objetivo de su aprobación definitiva en el marco del Fondo Social para el Clima. El plan se integra en el Fondo Social para el Clima, un instrumento comunitario diseñado para financiar inversiones estructurales que faciliten la transición energética en sectores clave como el transporte por carretera o la edificación, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
El componente de transporte es el más relevante del programa, con una dotación de 4.376 millones de euros, dado que este sector representa más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y es especialmente sensible a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. El objetivo principal es avanzar hacia una movilidad más limpia sin generar desigualdades sociales, facilitando alternativas al vehículo privado y apoyando a autónomos, microempresas y hogares vulnerables.
Dentro del bloque de descarbonización del transporte por carretera, que concentra más de 2.200 millones de euros, destacan las ayudas para renovar vehículos pesados en microempresas vulnerables, cubriendo parte significativa del sobrecoste de los modelos eléctricos y promoviendo la exclusión de vehículos altamente contaminantes.
El plan dedica casi 1.000 millones de euros a mejorar el transporte público, con actuaciones como la creación de carriles exclusivos para autobuses, que permitirán mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de viaje.
El PSpC también aborda el problema de la dependencia del coche en zonas rurales mediante inversiones en transporte a la demanda y sistemas de movilidad compartida, con el objetivo de ofrecer alternativas en territorios donde el transporte público es limitado. Junto a ello, se impulsa la movilidad activa con la construcción de carriles bici seguros y sistemas públicos de bicicleta, además de actuaciones para mejorar la intermodalidad entre trenes, bicicletas y otros medios de transporte.
En ese sentido, el Gobierno presenta este plan como una herramienta para acelerar la transición hacia una movilidad descarbonizada, al tiempo que protege a los colectivos más vulnerables frente al impacto económico de la transición energética. La estrategia busca combinar objetivos ambientales, cohesión territorial y justicia social, alineándose con las directrices del Fondo Social para el Clima y con la hoja de ruta europea hacia la neutralidad climática.
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