La huelga de examinadores hace insostenible la situación del sector

El conflicto cumplió el pasado miércoles su segunda semana, sin que se vislumbrara una próxima resolución. Entre 5.000 y 6.000 aspirantes al día vieron sin poder hacer nada cómo se aplazaba su examen de circulación. 

La huelga tuvo como prolegómeno la jornada de paro y manifestación que los examinadores de Tráfico llevaron a cabo el 2 de junio y que fue secundada por el 90% de los funcionarios. 

Éstos se concentraron ante la Dirección General de Función Pública (dependiente del Ministerio de Hacienda) para reclamar un complemento específico de unos 200 euros y la creación de la escala técnica de examinadores.

A ambas reivindicaciones les había dado el visto bueno la anterior máxima responsable de la DGT, María Seguí, en el año 2015, con motivo de la anterior huelga, pero desde entonces no ha habido una respuesta concreta por parte de la Administración.

Este primer paro del 2 de junio afectó a unos 7.000 aspirantes a conductores. 

Un 80% de participación

Los examinadores separaron la mencionada jornada de protesta de la huelga total prevista para los lunes, martes y miércoles de cada semana (desde el 19 de junio hasta finales de julio). Y acaso lo hicieron así para dar tiempo a las negociaciones y a un hipotético acuerdo. 

Sin embargo, varias reuniones entre el comité de huelga y la DGT no fructificaron. La DGT llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de incluir la escala técnica de los examinadores en los presupuestos de 2018, pero el comité de huelga rechazó la propuesta, tachándola de insuficiente.

Así las cosas, los paros comenzaron el 19 de junio, secundados por el 80% de los funcionarios. Durante las dos primeras semanas, la paralización del servicio, sobre todo por lo que respecta a los exámenes prácticos, fue completa o casi completa en provincias como Albacete, Almería, Asturias, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Málaga, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Toledo y Zamora. 

En Bizkaia, Burgos, Castellón, Coruña, Girona, León y Zaragoza apenas trabajó un examinador. En Barcelona, Cádiz, Murcia, Sevilla, Tenerife y Tarragona el paro fue secundado por más del 80% de los funcionarios disponibles. En Las Palmas y Segovia, por el 75%.

En Cáceres, Granada, Guadalajara, Lleida, Madrid, Valladolid y Valencia, por más del 60%.

Por el contrario, en Baleares, Badajoz y Córdoba apenas tuvo repercusión el conflicto. Y en Alicante, la cantidad de examinadores que dejó de trabajar nunca superó el 33%. 

“Esta huelga nos hunde”

Aunque la DGT cifró en 4.000 las pruebas de circulación anuladas al día, otros cálculos sitúan esa cifra en 5.500 e incluso en 6.000. Se estima que en bastantes jefaturas el tapón ocasionado por los aspirantes a conductores sin examinar, debido a huelga y a la escasez de examinadores, tardará en disolverse meses.

La Confederación Nacional de Autoescuelas, con su presidente, José Miguel Báez, a la cabeza, que venía denunciando desde hace años la precariedad creciente del servicio de exámenes de Tráfico, advirtió a las autoridades a mediados de mayo de que se preparaba una tormenta perfecta, si a la falta de funcionarios se añadía la huelga de éstos en plena temporada alta. 

Y en su comunicado del 27 de junio (que el lector encontrará en este mismo número), CNAE invitaba a la Administración a optar por cualquiera de las opciones que tiene a su disposición, menos la de permitir con su inacción que el sistema actual se derrumbe «sobre las autoescuelas, sus alumnos, sus profesores y sus empleados». 

Para CNAE, si la situación ya era grave y amenazaba el presente y el futuro de muchas autoescuelas; la huelga la ha hecho insostenible. «Entendemos los motivos de la huelga –repiten los responsables de la Confederación, pero no podemos apoyarla porque nos hunde».